Guatemala 14 Mar (Cerigua).- Desde el 2003, diversos sectores se han pronunciado en contra de la minería de metales en Guatemala y organizaciones sociales, han realizado investigaciones sobre el impacto negativo que provoca, sin embargo, las distintas administraciones han aplazado el debate y no han tomado en cuenta la demanda social.

Yuri Melini, Director del Centro de Acción Legal-Ambiental y Social (CALAS), en un artículo de opinión, aseguró que desde el 2003 ningún gobierno ha aprobado la solicitud de moratoria minera, las reformas a la Ley de Minería han sido ignoradas y las propuestas de la Comisión de Alto Nivel desestimadas.

Han sido las propias administraciones públicas las que han roto el diálogo, excluido a las poblaciones más afectadas y negado su participación en el debate sobre las consecuencias de la explotación minera en Guatemala, enfatizó Melini.

Con la sentencia de la Corte de Constitucionalidad (CC), lograda por el Centro de Acción, la moratoria minera fue impuesta legalmente, pero es determinante realizar las acciones jurídicas necesarias para detener la aprobación de licencias mineras, añadió el profesional.

El movimiento ambientalista cuenta con argumentos contundentes y criterios constitucionales para que la CC apruebe la nulidad y la operación de las transnacionales mineras en el país; CALAS prepara la documentación necesaria, señaló el representante.

El Estado debe valorar si es beneficioso promover un modelo de desarrollo económico basado en la explotación de los recursos naturales y en la extracción de metales, que deja muy pocas ganancias a las poblaciones y beneficia significativamente a pocos empresarios, concluyó Melini.

Fin Cerigua

Mv-Ld