Guatemala |
15/02/2017

CIIDH pide al Legislativo no aprobar iniciativa de ley 5182

El Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos (CIIDH) se adhiere al llamado que distintos sectores sociales, academia y organizaciones especializadas en la materia hacen al Congreso de la República para que no apruebe la iniciativa de ley 5182, que pretende aprobar la “Ley de Facilitación Tributaria para la Formalización del Sector Agropecuario de la República de Guatemala”.

El CIIDH considera que la aprobación de dicha ley pone en peligro todos los esfuerzos recientes por fortalecer tanto a la superintendencia de Administración Tributaria (SAT) como a la tributación misma; en primer lugar, porque atenta contra los principios de justicia y equidad tributaria expresados en el artículo 243 de la Constitución Política de la República.

Al privilegiar a un sector de la sociedad también transgrede el artículo cuatro, en donde se expresa que todos los guatemaltecos y guatemaltecas son iguales en derechos, oportunidades y responsabilidades; en segundo lugar, porque limita la función fiscalizadora de la SAT, al proponer el artículo 20 “Prevalencia de la buena fe”.

En tercer lugar, porque trata de crear un impuesto que a todas luces es ilegítimo y está destinado a favorecer y privilegiar a sectores productivos que se han escudado en el desgaste del sector agropecuario para mantenerse al margen del mercado formal, a pesar de que se les ha facilitado y allanado el camino para que se conviertan en contribuyentes cotidianos, tal como otras muchas empresas y ciudadanos lo son.

El CIIDH considera que la iniciativa pretende implementar una nueva amnistía fiscal, que fomentaría y premiaría al contribuyente incumplido, al evasor o todo aquel que se vale de artimañas para no cumplir sus compromisos fiscales, pero sobre todo, provocaría la reducción de recursos importantes para el Estado.

Asimismo, luego de analizar y revisar el dictamen de la Superintendencia de Administración Agropecuaria, el CIDH logró observar que, tanto la propuesta original como la dictaminada, contienen una serie de deficiencias técnicas en cuanto a conceptos ambiguos y contradicciones que en ningún momento fortalecen al sector agropecuario y menos aún al sistema impositivo.

Según este dictamen, la sola entrada en vigencia de la ley implicaría un sacrificio fiscal anual de aproximadamente el 2.5 por ciento de la recaudación tributaria del gobierno central; al incluir también a productores del agro, este porcentaje podría aumentarse considerablemente, pues dada la ambigüedad antes mencionada, empresas que ahora ya se encuentran tributando podrían decidir cambiarse a este nuevo régimen en donde evidentemente pagarían menos.

Ante esta situación, el CIIDH hace un llamado al Congreso a detener inmediatamente el proceso de aprobación de la iniciativa de Ley 5182; enviarla a la SAT para que nuevamente sea analizada y dictaminada; además de facilitar y promover la discusión para reactivar la política de desarrollo rural de 2009, de manera que exista un diálogo permanente acerca del desarrollo rural integral, se reduzca la conflictividad agraria y se propugne por mejores ambientes laborales.
Fin Cerigua
Ld-Ld

Última modificación: 15 de febrero de 2017 a las 17:32
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