Guatemala |
06/04/2018

CPO rechaza proyecto de Ley de consulta a los Pueblos Indígenas

El Consejo del Pueblo Maya (CPO) denuncia, ante la población guatemalteca y ante la comunidad internacional, que el proyecto de “Ley de Consulta a los Pueblos Indígenas conforme al Convenio 169”, presentado el pasado 26 de febrero por el diputado Oliverio García Rodas, tiene como objetivo callar a los pueblos y proteger a las empresas los territorios originarios.

Un comunicado del CPO destaca que detrás de esa propuesta están los intereses oligárquicos acostumbrados a tratar a los pueblos indígenas, como si fueran simples objetos a ser administrados por el Estado.

En su criterio, se trata de una ley que se burla del principal propósito del Convenio 160, que consiste en exigir al Estado que garantice los derechos colectivos de los pueblos originarios de Guatemala; esa iniciativa busca legalizar lo que el Estado ha hecho por siglos: controlar a los pueblos, someterlos como enemigos y esclavos, despojarlos de la dignidad por la que siempre han luchado.

Los dirigentes del CPO consideran que una nueva forma de genocidio se esconde en ese proyecto de ley, porque los pueblos indígenas sólo van a existir para el Estado cuando una Unidad Técnica decida qué, cuándo, dónde, cómo y a quiénes quieren consultar.

El CPO aclara que la consulta a los pueblos indígenas no es un procedimiento administrativo; es inherente al ejercicio de la libre determinación de los pueblos; el proyecto de García Rodas manipula, deforma y viola el espíritu del Convenio 169, en el que claramente dice que el Estado de Guatemala es titular de obligaciones con los pueblos originarios.

Asimismo, el Convenio obliga al Estado a asegurar que los pueblos tengan el derecho a decidir y controlar sus propias prioridades de desarrollo y a participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes de desarrollo que los involucren y afecten; de igual manera, establece una relación inseparable entre el deber del Estado de consultar, con la obligación del Estado de cooperar con los pueblos originarios para que puedan existir digna y libremente.

Con esta iniciativa, el Estado será juez y parte, sólo él decidirá qué agravio se cometerá; quién, cómo y cuándo se cometerá, así como a quién afectará; y cómo, dónde y cuándo se hará consulta; no podrán ser motivo de consulta actos administrativos, leyes ordinarias de carácter general, construcción y mantenimiento de infraestructura, provisión general de servicios públicos, los presupuestos, los préstamos externos, ni los de las municipalidades.

Para el CPO, esta sería una ley para quebrantar siglos de fuerza y cuidado comunitario; sólo tiene un objetivo, destruir a la comunidad indígena, desarticular las formas de organización que han dado vida y fuerza a las asambleas comunitarias.

Pretende debilitar la organización indígena que sobrevive para el cuidado y la defensa de la tierra, el agua y los bosques, así como dispersar los esfuerzos que existen para conservar y transmitir los conocimientos de los pueblos y destruir la autoridad indígena.

El proyecto de Ley de Oliverio García Rodas sólo muestra el racismo del ponente, su servilismo criollo y militarista y el miedo que tienen las fuerzas colonialistas a que los pueblos hagan consultas con toda libertad, indican; “Nuestra libertad les da miedo, porque saben que es más fuerte que la libertad de los ríos; si no defendemos con libertad nuestros derechos, jamás tendremos libertad para vivir”, concluyen.
Fin Cerigua
Ld-Ld

Última modificación: 6 de abril de 2018 a las 18:02
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