Guatemala |
10/04/2018

Elección de Fiscal General, un duro enfrentamiento entre élites

La elección del nuevo Fiscal General y jefe del Ministerio Público (MP), ocurrirá este año, en el contexto del duro enfrentamiento que libran las élites guatemaltecas contra esta oficina y su aliada, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), señala un artículo de Insight Crime.

La entidad subraya que el proceso para elegir al nuevo fiscal general está lleno de sombras y preguntas; un primer filtro es la comisión de postulación integrada por los decanos de 12 facultades de derecho, pero estos académicos enfrentan cuestionamientos sobre su idoneidad, y sobre la legitimidad de algunas de sus universidades; a esto se suman las presiones que sobre ellas ejercen los grupos de poder y del crimen organizado.

La dupla MP-CICIG investiga al presidente Jimmy Morales por presunto financiamiento electoral ilícito; Morales tiene un aliado en Álvaro Arzú, ex presidente y actual alcalde de la capital, a quien el MP-CICIG investiga también por sospecha de delitos de corrupción relacionados con contratos de la comuna.

Morales y Arzú tienen antecedentes distintos; el poder del primero viene directamente de su calidad de presidente del país; el segundo es protagonista en la política y las élites guatemaltecas desde hace décadas; y aunque los grupos de influencia con los que se les relaciona no necesariamente son los mismos, hoy parece unirlos un objetivo común: debilitar a la CICIG y al MP, indica Insight Crime.

La influencia que Morales, Arzú y otros grupos de poder político o de crimen organizado puedan ejercer sobre los miembros de la llamada comisión de postulación han reavivado las preguntas sobre la transparencia de todo el proceso, sobre la idoneidad de los miembros de la comisión, y más aún, sobre la legitimidad de algunas facultades de derecho.

En este tablero de ajedrez político que es Guatemala, la comisión de postulación parece ocupar el sitio de alfiles y caballeros, cuya misión es resguardar la entrada de la pieza más importante: la jefatura del Ministerio Público, añade.

Donde más influencia parecen tener los grupos de poder aliados a Morales y Arzú es en las llamadas universidades de cartón; entre 2013 y 2017 el decano de la Universidad Da Vinci fue el abogado José Guillermo Alfredo “Fredy” Cabrera, quien en 2014 fue también el primer representante de esa institución académica en la comisión de postulación que elige a los candidatos a fiscal general.

Cabrera ha sido el líder de una red de influencias de dudosa reputación; además de abogado, es un empresario y un operador político que ha representado a una cartera de clientes que incluye a algunas de las instituciones más poderosas del país en los últimos años, entre ellos el estatal Banco Rural, la superintendencia de bancos y al Partido Patriota, del ex presidente Otto Pérez Molina y la ex-vicepresidenta Roxana Baldetti, ambos presos por corrupción y ella, además, investigada por narcotráfico en Estados Unidos.

Una de las instituciones que más aportó al crecimiento de la Universidad Da Vinci fue Banrural, cliente de Cabrera, a través de Fernando Peña, ex presidente del banco, quien actualmente está preso por presuntos actos de corrupción relacionados con el caso conocido como “Cooptación del Estado”, un esquema criminal liderado, según el Ministerio Público, por Pérez Molina y Baldetti.

Banrural, por ejemplo, trasladó varios de sus programas de capacitación profesional de empleados a la universidad. Estos estudiantes llegaron a representar dos tercios de la matrícula estudiantil de la institución, de acuerdo con datos del Consejo de la Enseñanza Superior.

En la comisión de postulación de candidatos a fiscal general de 2018, la Universidad Da Vinci está representada por Juan Carlos Rodil Quintana, otro abogado del que se desprenden conexiones con grupos de poder relacionados con viejas estructuras políticas y militares de Guatemala.

Rodil Quintana es uno de los fundadores de la universidad y el notario que le dio vida legal; además es hijo de José Rodil Peralta, director del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) en 1982, cuando también fue asesor del ex dictador Efraín Ríos Montt, juzgado y condenado por genocidio en 2013 (la condena fue luego revertida por la Corte de Constitucionalidad).

Entre 1992 y 1994 Rodil Peralta fue presidente de la Corte Suprema de Justicia; al terminar su mandato fue acusado de varios delitos que eventualmente fueron desestimados, porque el Ministerio Público dejó vencer los plazos procesales para acusar.

En 2016, el presidente Jimmy Morales nombró a Rodil Peralta embajador de Guatemala en Nicaragua; dos años después, Juan Carlos Rodil Quintana, hijo del viejo abogado, tiene un voto en la comisión de postulación que confeccionará la lista de candidatos a fiscal que llegarán el despacho de Morales.

Otro caso similar a la Universidad Da Vinci es el de la Universidad de Occidente, cuyas sedes administrativas se alojan en una diminuta oficina en un colegio privado, la misma donde se venden todo tipo de implementos y útiles escolares; aunque no cuenta con la certificación del gobierno para impartir el pregrado de licenciatura en ciencias jurídicas, la universidad sí ofrece un doctorado en derecho.

La Universidad de Occidente tiene vínculos con la policía guatemalteca, los que pueden explicarse, en parte, por los antecedentes de José Adolfo Reyes Calderón, quien era decano de su facultad de derecho en 2014, y como tal fue miembro de la postuladora de aquel año.

Reyes había sido Ministro de Gobernación durante el gobierno de Alfonso Portillo, en 2002; Portillo fue, a su vez, el primer ex presidente guatemalteco investigado por el MP de la mano de la CICIG, en 2010. Un análisis hecho por el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG) sobre el proceso de selección de 2014 ubicaba a Reyes Calderón como representante de los intereses de sectores militares, asociados al gobierno del entonces presidente Pérez Molina.

El actual rector de la Universidad Rural, otra universidad de cartón, es el diputado del partido Unión Nacional de la Esperanza (UNE) Fidel Reyes Lee. Desde el Congreso, su hermano, el diputado Édgar Reyes Lee, intentó impulsar en 2017 una serie de reformas al código penal que buscaban favorecer la excarcelación de Pérez Molina.

Ambos votaron a favor del llamado “Pacto de Corruptos” en septiembre de 2017, el cual puso freno a las investigaciones sobre financiación electoral ilícita contra el presidente Jimmy Morales.

La Universidad San Pablo, fundada en 2006, es parte del imperio económico del polémico empresario, político y pastor evangélico Harold Caballeros, quien actualmente se desempeña como su rector.

En 2011 Caballeros creó Viva, el mismo partido que apoyó la candidatura de Zury Ríos en 2015, para hacerse candidato a la presidencia de la República; tras salir de la contienda apoyó a Otto Pérez Molina, en cuyo gobierno posteriormente se desempeñó como ministro de Relaciones Exteriores.

También está, en el grupo de las llamadas universidades de cartón, la Regional, que es la más nueva de todas; la sede administrativa de la Regional ocupa una casa de dos pisos, en la exclusiva zona 14 de la ciudad; en la planta baja hay modernas salas de reunión, vacías, cuya presencia contrasta con la mayoría de las sedes que la universidad tiene diseminadas en pequeños locales de centros comerciales en todo el país.

La Regional, de hecho, no cuenta con sedes propias; y sus clases son dictadas en aulas de colegios o salones comunitarios, la mayoría rentados, según constató InSight Crime en un recorrido por Guatemala.
Fin Cerigua
Ld-Ld

Última modificación: 10 de abril de 2018 a las 17:36
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