Guatemala |
21/07/2017

En Guatemala ocurre cada año un promedio de 18 asesinatos de personas LGBTI

Datos de la organización Oasis detallan que en Guatemala cada año se registran cerca de 18 asesinatos de personas Lesbianas, Gaís, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales (LGBTI), catalogados como crímenes de odio, casos que en muchas ocasiones son clasificados como “crímenes pasionales” o muertes provocadas por la delincuencia común, pero los cuales comparten un denominador común, la impunidad que los rodea y el desinterés de las autoridades por investigarlos.

Uno de estos crímenes que más conmoción e indignación causó a nivel nacional e internacional fue el asesinato de Zulma Alegría Robles, mujer transgénero integrante de la organización OTRANS Reinas de la Noche, ocurrido el 18 de noviembre del año pasado.

Alegría Robles fue encontrada muerta en su residencia de la zona 1con múltiples heridas y señales de tortura; sus victimarios el arrancaron el cabello, la dentadura y le suministraron un tipo de veneno; la activista contaba con medidas cautelares otorgados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde el 2006, debido a que presenció el asesinato de una integrante de la comunidad LGBTI, cometido aparentemente por elementos del Estado.

Crímenes como este son reiterados, aseguró Jorge López, director de Oasis, quien aseguró que anualmente se registran aproximadamente 18 asesinatos de personas LGBTI y cerca de 22 ataques, que afortunadamente no terminan con la vida de las víctimas.

Pero esta es una cifra moderada, pues se estima que se registran en triple de muertes violentas, que no son conocidas por organizaciones como Oasis ni figuran en los registros de la Policía Nacional Civil (PNC) o del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF).

López recalcó que esta situación es preocupante, debido a que en estos crímenes se observa una saña y violencia terrible, lo cual es causado por la orientación sexual y de género de las víctimas.

El defensor de derechos humanos refirió que en el caso de Robles Alegría no solo fue testigo del asesinato de Paulina Marriot, asistente personal de López, sino resultó herida en el mismo atentado, ocurrido la noche del 17 de diciembre del 2005 en la zona 1 capitalina, el cual aparentemente fue perpetrado por 4 elementos de la Policía Nacional Civil (PNC).

López criticó que desde el día del ataque en 2005 hasta su muerte en 2016, las autoridades no se interesaron en tomar la declaración de Robles Alegría, aunque era testigo clave de un caso que él calificó como ejecución extrajudicial.

Asimismo, destacó el caso de Shantal Quiñones, mujer transgénero y voluntaria de Oasis, quien fue asesinada en 2014; Quiñones era testigo de crímenes en contra de miembros de la comunidad LGBTI y testigo en casos de extorsión en contra de trabajadoras sexuales transgénero, hechos que denunció oportunamente a la fiscalía.

Para López existe un retroceso en la protección del Estado hacia los miembros de la diversidad sexual y criticó fuertemente que el MP no ha realizado los esfuerzos necesarios para investigar diligentemente estos crímenes ni ha presentado resultados sobre las investigaciones de los mismos.

Guatemala se ha comprometido internacional en garantizar la seguridad de esta población en más de una ocasión, como lo hizo en 2012 frente a la CIDH, donde asumió su compromiso de aprobar una política pública para la atención de la comunidad LGBTI, pero hasta el momento no existen avances, aseguró López.

Ese mismo año Guatemala enfrentó por segunda ocasión el Examen Periódico Universal (EPU), evaluación en la que diversos países le recomendaron tomar acciones concretas y eficientes para reducir la violencia contra la población LGBTI, investigar los crímenes en su contra y sancionar a los responsables.

López recordó que en esa ocasión, Suiza le recomendó a Guatemala adoptar todas las medidas para luchar contra el femicidio, el linchamiento y asesinato de las personas a causa de su orientación sexual.

Mientras que Eslovenia recomendó poner fin a la impunidad de las agresiones denunciadas contra miembros de la comunidades marginadas, basadas especialmente en su orientación sexual e identidad de género; asimismo, pidió que se emprendieran tareas para la concientización, sobre todo en las fuerzas del orden y jueces.

En noviembre de este año, Guatemala pasará por tercera ocasión el ciclo del EPU, durante el cual deberá informar a los miembros del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre los avances alcanzados en las numerosas recomendaciones que recibió en 2012.
Fin Cerigua
Hc/Ia-Ia

Última modificación: 21 de julio de 2017 a las 19:54