Guatemala |
13/11/2017

Fallas y retrasos judiciales un riesgo para la lucha contra la corrupción: HRW

La organización Human Right Watch (HRW) afirmó que la lucha contra la corrupción en Guatemala se encuentra en riesgo debido a las fallas del sistema judicial y el retraso de los procesos penales por la interposición de recursos maliciosos en las distintas cortes, los cuales tardan hasta doce meses en ser resueltos.

En el informe “Carrera contra el tiempo: Cómo el poder judicial de Guatemala pone en riesgo la lucha contra la corrupción”, la organización documentó un patrón de “demoras reiteradas e injustificadas” en casos penales iniciados por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público (MP).

Después de superar los esfuerzos desesperados del presidente y del Congreso por sabotear su labor, la CICIG debe lidiar en la actualidad con un poder judicial cuyas fallas podrían impedir que se juzguen los casos más importantes del país, aseguró Daniel Wilkinson, director ejecutivo adjunto para las Américas de HRW.

Para la elaboración del estudio, la organización analizó los procesos penales en ocho casos de alto perfil y entrevistó a decenas de jueces, fiscales, abogados e investigadores de la CICIG familiarizados con el tema.

En los casos se identificó un patrón constante en el cual los abogados defensores logran provocar demoras al presentar recusaciones en contra de los jueces o peticiones de amparo, de forma reiterada y a menudo injustificada, en contra de las decisiones judiciales.

Aunque el derecho guatemalteco estipula límites claros a la cantidad de tiempo que tienen los tribunales para resolver estas apelaciones, la justicia casi nunca cumple estos plazos.

HRW señaló que las cortes no cumplen con los plazos previstos para la resolución de las peticiones de amparo e indicó que peticiones que deberían resolverse en el plazo de un mes, por lo general demoran entre 6 y 12 meses; el impacto del incumplimiento de los plazos suele verse agravado por retrasos burocráticos extremos.

Añadió que es habitual que los jueces no reprogramen oportunamente los procedimientos que se suspenden por peticiones de amparo u otros motivos, incluyendo que los abogados defensores no se presenten a una audiencia.

Los tribunales cuentan con atribuciones para evitar muchas de las demoras más graves sin perjudicar los derechos de los acusados, pero no los utilizan; los jueces pueden desestimar peticiones de amparo infundadas y los tribunales pueden seguir dando trámite a los procedimientos mientras haya acciones de amparo en curso, siempre que no exista riesgo de daño irreparable, pero esto casi nunca sucede, aseguró la organización.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) es una de las instituciones que más transgrede estos plazos, detalla el informe; en dos de los casos examinados, la CSJ demoró nueve meses en resolver peticiones de amparo que deberían haberse decidido en un mes; tampoco utilizó sus atribuciones para asegurarse de que jueces de tribunales inferiores cumplieran con los plazos legalmente establecidos.

La organización enfatizó que este problema no se limita a los casos de la CICIG, sino que además afecta a otros que son adelantados por la fiscalía sin la ayuda de la Comisión, como el caso por genocidio del ex dictador Efraín Ríos Montt; añadió que casos por atrocidades de derechos humanos han sufrido reveces similares en el pasado.

Si las demoras judiciales logran postergar los procesos hasta que se haya terminado el mandato de la CICIG o hasta que la Fiscal General deje el cargo, podrían fracasar los esfuerzos por perseguir penalmente estos casos, y la corrupción e impunidad terminarían afianzándose en el país con mucha fuerza, aseguró el director ejecutivo adjunto para las Américas de HRW.
Fin Cerigua Hc/ia

Última modificación: 13 de noviembre de 2017 a las 17:33
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