Guatemala |
11/06/2018

Frente Ciudadano plantea al Congreso reforma sobre el financiamiento electoral ilícito

El Frente Ciudadano contra la Corrupción, conformado por sectores sociales, académicos, estudiantiles y empresariales, planteó al Congreso de la República una nueva propuesta para modificar el delito de financiamiento electoral anónimo, contenido en el artículo 407 del Código Penal, con el cual no se exima de responsabilidades a los políticos y partidos, como lo pretenden los legisladores.

Los integrantes del Frente presentaron la propuesta ante lo ocurrido en el Legislativo, que entre otras cosas, busca librar de responsabilidades a los secretarios generales de las organizaciones políticas, señalaron en un comunicado de prensa.

La propuesta para reformar el segundo párrafo del Artículo 407 del Código Penal, establece que “se considera, asimismo, financiamiento electoral ilícito todo aporte, recepción o autorización de recursos realizados en forma anónima o los que no se registren en el libro contable que para el efecto deberá llevar la organización política y será sancionado con prisión de 2 a 6 años”.

Añade la propuesta que “la sanción se incrementará en dos terceras partes cuando el delito sea cometido por quien ejerza empleo o cargo público, o cargo de elección popular; además de las penas impuestas se les inhabilitará para optar a cargos públicos”.

Como ciudadanos tenemos como gran reto que las elecciones del 2019 marquen un antes y un después en nuestra democracia, consideramos que este es el texto que ha de aprobarse por los diputados, afirmaron los integrantes del Frente.

Aseguraron que esta propuesta cuenta con el apoyo de diversos sectores, pues ha sido discutido y redactado toda vez que la referida redacción cumple con lo ordenado por la Corte de Constitucionalidad (CC), ofrece claridad, fortalece el Estado de Derecho y la democracia, y no propicia impunidad.

La propuesta emanada de la Comisión Extraordinaria del Congreso propone que quienes consientan o reciban aportes que no sean reportados serán sancionados con penas de prisión de dos a cinco años y una multa de 100 mil quetzales, además de una inhabilitación para ejercer cargos públicos por cinco años.

Mientras que las personas que entreguen donativos de forma anónima enfrentarían el mismo periodo de cárcel, serían inhabilitados para ser contratistas del Estado por cinco años y la multa económica sería el equivalente al 100 por ciento que entregó al partido político.
Fin Cerigua
Hc/Ld-Ld

Última modificación: 11 de junio de 2018 a las 17:42
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