México |
14/07/2017

México: Crímenes contra periodistas permanecen impunes

Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto se han documentado en México 1 mil 517 agresiones contra periodistas y medios de comunicación; entre las víctimas, 35 han sido asesinados y 4 desaparecidos; el 99.75 por ciento de los crímenes permanece impune, señala un artículo de Nancy Flores, publicado en el sitio web Red Voltaire.

Julio Hernández López, columnista del diario La Jornada, señala que en ese país hay una desprotección total a la labor periodística: la fiscalía sólo ha conseguido tres sentencias y el Mecanismo sólo da cobertura a 176 periodistas amenazados.

Las palabras de Hernández sintetizan la emergencia que padece el gremio: de enero de 2013 a la fecha se han documentado 1 mil 517 agresiones contra periodistas y medios de comunicación en el país, pero la cifra podría ser mucho mayor pues no todos los ataques se denuncian.

“En los hechos, los periodistas sabemos que estamos desprotegidos, que no hay ninguna voluntad del gobierno federal ni de los estatales para protegernos, y que no nos queda nada más que reunirnos y expresarnos”, dijo a Contralínea el autor de la columna “Astillero” y del libro Encabronados.

La tendencia revela que, cada año, aumenta no sólo el número de agresiones, sino también el nivel de violencia; algo que se constata en el día a día de los comunicadores y que tiene su peor expresión en los 35 periodistas asesinados y al menos 4 desaparecidos en lo que va del gobierno del priísta Enrique Peña Nieto.

El periodista Isaín Mandujano, corresponsal de la revista Proceso en Chiapas, considera que lo grave del problema es la impunidad; ésta “propicia que el delito se repita, porque no hay un ejemplar castigo para nadie; esa situación de impunidad da valor a otros de cometer un crimen similar, pues saben que en este país las autoridades ministeriales son ineficientes”.

En el primer semestre de 2017, ocho periodistas fueron asesinados; uno, desaparecido; dos oficinas fueron allanadas, la de la revista Proceso, a fines de mayo; y la de Joaquín López Dóriga, a fines de junio; el 12 de mayo, siete periodistas, entre ellos dos corresponsales extranjeros, fueron privados de su libertad durante unas horas, amedrentados y robados por un grupo armado de más de 100 personas en Guerrero, y se documentó el espionaje gubernamental contra seis comunicadores.

Además, durante los procesos electorales del pasado 4 de junio, Artículo 19 alertó que se cometieron 19 agresiones contra periodistas que cubrían la jornada en las distintas entidades; esta misma organización ha documentado que en 2016 se cometieron, en total, 426 ataques contra periodistas y medios de comunicación; en 2015, 397; en 2014, 326; y en 2013, 330.

La crisis de seguridad que padece el gremio periodístico no es atendida integral ni eficientemente por el gobierno federal, menos por los locales. La tendencia institucional ha sido desacreditar la línea de investigación que señala como móvil la labor periodística de la víctima, e incluso revictimizar a los periodistas agredidos.

Según la propia información de la Fiscalía, sólo en 42 expedientes abiertos entre 2010 y marzo de 2017 (32 averiguaciones previas y 10 carpetas de investigación) “el móvil principal derivó del ejercicio de la actividad periodística de las víctimas”.

Para el periodista Humberto Mussacchio, “la Fiscalía no sirve para nada y el Mecanismo, hasta ahora, tampoco ha demostrado que sirva para mayor cosa”; la solución al problema de inseguridad, indica, no es que los comunicadores cuenten con guardaespaldas o con vigilancia, una de las primeras propuestas que hace el mecanismo a quienes son ingresados de emergencia; “no queremos eso. Eso no nos sirve de nada”.

Mussacchio, autor del libro Historia gráfica del periodismo mexicano, dice a Contralínea que lo que necesita el gremio son garantías para ejercer la labor periodística.

A pesar de sus casi nulos resultados, cada año la Fiscalía recibe entre 15 millones y 20 millones de pesos que, pareciera, sólo sirven para alimentar su burocracia.

Para la elaboración de este trabajo se solicitó entrevistas con el fiscal especial de delitos contra la libertad de expresión, Ricardo Sánchez; y con el subsecretario de Derechos Humanos, Roberto Campa. Hasta el cierre de edición, no se recibió respuesta.
Fin Cerigua
Ld-Ld

Última modificación: 14 de julio de 2017 a las 18:56
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