Guatemala |
07/03/2018

No hay tiempo para excusas, Guatemala debe construir el Programa de Protección a Periodistas

Guatemala será evaluada el lunes y martes próximos, durante la 121 reunión del Comité de Derechos Humanos, en la ciudad de Ginebra, Suiza; este organismo de Naciones Unidas monitorea el cumplimiento del “Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, el cual fue ratificado por el país el 19 de febrero de 1992, mediante el Decreto Legislativo 9-92.

CERIGUA viajará a Ginebra, con el fin de pedir ante el Comité de Derechos Humanos que el gobierno de Guatemala cumpla con la promesa hecha desde el 2012, de crear un programa de protección de periodistas; no hay tiempo para excusas; entre 2013 y 2018 han sido asesinados 20 trabajadores de la información.

CERIGUA participará ante este mecanismo, en colaboración con la red global por la libertad de expresión IFEX y la Red Internacional de Derechos Humanos (RIDH), para denunciar el incumplimiento del Estado de Guatemala sobre el derecho a la libertad de expresión y opinión, consagrado en el Pacto Internacional.

La entidad, defensora de la libertad de expresión, elaboró un informe en el que analiza el incumplimiento del Estado, por acciones de sus funcionarios u omisiones de sus autoridades, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; también incluye una serie de recomendaciones, que confía en que los 18 expertos independientes que conforman el Comité, formulen al Estado de Guatemala, durante su evaluación la próxima semana.

En su informe, CERIGUA destaca que las acciones cometidas por burócratas de distintos niveles, altas autoridades o elementos destinados a la seguridad pública en contra de periodistas, evidencian una clara transgresión, inobservancia e ignorancia a los compromisos internacionales asumidos por Guatemala, durante décadas.

Por omisión, al no combatir la impunidad que implican los actos delictivos realizados por sus empleados, el Estado también incumple esos compromisos; la inacción de las autoridades ha desembocado en numerosas violaciones cometidas en contra de profesionales y medios de comunicación, que incluso han terminado en asesinatos.

Aunque no en todos los casos los involucrados son actores estatales, es responsabilidad del Estado en su conjunto velar porque existan condiciones idóneas para el desarrollo efectivo del principio de libertad de expresión, garantizando que ningún actor estatal o particular censure, bloquee o reprima el derecho de los periodistas a investigar, recopilar, contrastar, analizar y divulgar información de interés público.

Actos de esta índole evidencian ante la comunidad internacional, organismos de cooperación, agencias internacionales y entidades de la sociedad civil que trabajan en defensa de estos derechos, la vulnerabilidad de los principios fundamentales que son reconocidos a nivel regional y mundial; pero, especialmente, demuestran la inseguridad que cotidianamente enfrenta la prensa.
Fin Cerigua
Ld-Ld

Última modificación: 7 de marzo de 2018 a las 19:44
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