Ginebra |
12/02/2018

ONU pide a Guatemala moratoria en políticas de institucionalización de la niñez

El Comité de la ONU sobre los Derechos del Niño instó a Guatemala a adoptar una moratoria de las medidas de institucionalización cuando se trata de niñez bajo resguardo del Estado; esta recomendación forma parte del informe final presentado por el Comité el pasado jueves 8 de febrero, luego de haber examinado al país sobre sus políticas en materia de protección de los derechos de la infancia.

En declaraciones exclusivas a Cerigua, el experto uruguayo Luis Pedernera Reyna, miembro del Comité de la ONU especializado en los derechos de la niñez, aseguró que en Guatemala “hay un uso abusivo de la institucionalización”; en su opinión, el país “necesita desarrollar otro tipo de políticas, asentadas y basadas en los estándares de la Convención sobre los Derechos del Niño en materia de desinstitucionalización, de apoyo a las familias y de reintegración familiar”.

Para el experto, la tragedia ocurrida en marzo de 2017 en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, en donde perecieron 41 niñas y más de 20 resultaron heridas, constituye la muestra del fracaso de la política de institucionalización como supuesta medida de protección; por tal razón, el Comité le pidió al país que adopte medidas y criterios en estricto apego al “interés superior del niño” para tomar decisiones sobre la reubicación de niños y niñas en centros de atención solo como último recurso y que planifique el cierre de instituciones estatales creadas para tales fines.

Los pasados 16 y 17 de enero, la delegación oficial de Guatemala, dirigida por el presidente de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos (COPREDEH), Jorge Luis Borrayo, presentó un conjunto de leyes, planes nacionales y programas como avances en materia de protección y garantía de los derechos de la niñez; en su alocución inicial ante los expertos, Borrayo lamentó los hechos ocurridos en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción e indicó que se están tomando medidas para que una tragedia similar no vuelva ocurrir.

Tras el examen, el Comité mostró su preocupación por las deficiencias en materia de coordinación interinstitucional, así como por la escasez de datos certeros sobre la situación de la infancia en el país; “en el diálogo con el Estado hemos visto el esfuerzo que ha hecho en el marco legislativo y en el desarrollo de programas y de planes”, afirmó el experto Pedernera al resaltar que el desafío en estos cinco años para el Estado de Guatemala es la implementación.

Para planificar su política, el Estado necesita una primera cuestión y es datos”, aclaró el miembro del Comité; “lo primero que tiene que buscar [el Estado] es certidumbre sobre los datos de la infancia en el país… nosotros hemos encontrado un vacío en ese sentido, en la información que nos proveyeron y en el diálogo con el Estado de Guatemala, y un país necesita construir su política en base a datos y a evaluaciones”, alertó.

Para revertir esta situación, el Comité le recomendó al Estado que fortalezca su sistema de recolección de información a nivel nacional y municipal, y que los datos que obtenga estén desagregados por edad, sexo, discapacidad, ubicación geográfica, origen étnico, estatuto migratorio, y que ofrezcan información que revele la situación socioeconómica, con el propósito de facilitar el análisis sobre la situación de toda la niñez.

Guatemala deberá rendir un nuevo informe dentro de cinco años, en 2022, en atención a sus obligaciones internacionales contraídas por ser parte de la Convención de los Derechos del Niño; en dicho informe deberá proveer información detallada sobre los avances en el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por el Comité.
Fin Cerigua
Dd/Ld-Ld

Última modificación: 12 de febrero de 2018 a las 18:18
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