Guatemala |
11/10/2017

Problemas de vivienda afectan actualmente a más de 1.5 millones de familias

La organizaciones comunitarias integrantes de la Plataforma Urbana demandaron al Congreso de la República y al Ejecutivo tomar acciones urgentes para atender los problemas de vivienda que afectan actualmente a más de 1.5 millones de familias a nivel nacional, particularmente a familias en situación de pobreza y con bajos niveles de ingreso.

Las entidades denunciaron que desde hace más de tres años presentaron 200 expedientes para optar a un subsidio del Fondo para la Vivienda (FOPAVI), del Ministerio de Comunicaciones, para la mejora, ampliación, reparación o construcción de viviendas, sin embargo, hasta el momento las solicitudes no han sido aprobadas porque, aparentemente, no se cuenta con suficiente presupuesto.

Para este año a la dependencia se le asignaron 125 millones de quetzales para su funcionamiento y en el proyecto de presupuesto para el 2018 se busca incrementar esa cifra a 425 millones de quetzales, según la Plataforma Urbana.

Armando Aguilar, integrante del movimiento, señaló que los financiamientos que otorga FOPAVI ascienden hasta 35 mil quetzales, sin embargo, éste no se entrega directamente a las familias sino a empresas constructoras, las cuales, aseguró, se quedan con un alto porcentaje de los recursos; afirmó que esta cifra es insuficiente y debería aumentar a por los menos 50 mil quetzales.

Por su parte, Diego Hernández criticó que cada año se reportan números desastres naturales que provocan daños en los hogares, sin embargo, el Estado no cuenta con una política de vivienda para prever estas pérdidas materiales, especialmente en comunidades del interior del país.

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Hernández dijo que es fundamental que exista un Ministerio de la Vivienda con la capacidad para atender el problema y ejecutar el presupuesto destinado para este tema, que actualmente es tarea del FOPAVI.

Norma Rolda, integrante de la misma agrupación, criticó también la falta de respuesta adecuada por parte de las autoridades la población que ha perdido o sufrido daños en sus viviendas por desastres naturales, como en el caso de El Cambray II

Rolda recordó que después de dos años de la tragedia, ocurrida el 1 de octubre del 2015, el gobierno no ha concluido con la construcción de las casas para las familias afectadas y muchas de ellas se han visto en la necesidad de regresar a sus antiguas viviendas, debido a que no tienen otro lugar donde habitar.

En este mismo contexto, señaló también la falta de soluciones gubernamentales para los pobladores afectados por el sismo del 2012 que ocurrió en el departamento de San Marcos; Rolda enfatizó que es necesario que el Congreso destine mayores recursos para el tema de la vivienda, pero que el presupuesto se ejecute de una manera transparente, pues han existido malversación de fondos.

Plataforma Urbana señaló que los distintos gobiernos en lugar de abordar adecuadamente el tema de la vivienda, ha trazado políticas de mercado como el Plan de la Alianza para la Prosperidad, Plan Katún 32 y Plan de Ordenamiento Territorial, con el cual se privilegia a empresas que producen viviendas a un precio que se hace incansable para la mayoría de la población.

Indicó también que en el tema de la vivienda existe una infiltración del crimen organizado, el cual ha copado la burocracia, el presupuesto y la institucionalidad, lo cual se evidencia en las detenciones de funcionarios y ex trabajadores de la Unidad para la Vivienda Popular (UDEVIPO), procesados por delitos cometidos en el manejo y ejecución de fondos.
Fin Cerigua
Hc/Ld-Ld

Última modificación: 11 de octubre de 2017 a las 19:12
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