México |
05/12/2017

RsF alertó a Relatores Especiales para la libertad de expresión

Reportero sin Fronteras (RsF) alertó a los Relatores Especiales de la libertad de expresión de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que visitaron recientemente México, sobre la problemática del desplazamiento forzado de periodistas que deben exiliarse en otras regiones de su mismo país debido a las amenazas que habían sufrido.

El Relator Especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y Expresión, David Kaye, y el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Edison Lanza, visitaron México del 27 de noviembre al 4 de diciembre para conocer la situación de violencia contra la prensa.

RsF indicó que solo durante este año conoció 9 casos de periodistas que padecieron amenazas y tuvieron que dejar sus ciudades de origen por razones de seguridad, algunos de ellos acompañados por sus familias.

La mayoría de los reporteros contaban con medidas urgentes del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y se refugiaron en la Ciudad de México; asimismo, desde el 2010, 13 periodistas se encuentran refugiados fuera de México.

Durante este año, RsF contabilizó además el asesinato de 11 periodistas en ese país en los que el crimen estuvo relacionado con su profesión, lo que hace de México el segundo país más mortífero del mundo para la prensa.

La organización alertó que la situación es aún más preocupante en vista del proceso electoral que tendrá lugar en 2018, periodo en el que los comunicadores suelen padecer más agresiones.

Los desplazamientos forzados internos tienen numerosas consecuencias; en primer lugar, tienen un impacto psicológico en las víctimas, quienes además de padecer aislamiento, experimentan un sentimiento de culpabilidad frente a sus familias y sus colegas; esta situación suele engendrar un rápido deterioro de su salud y el de su familia, aseguró RsF.

Asimismo, esta problemática tiene repercusiones económicas, pues en la mayoría de las ocasiones las víctimas deben gastar sus ahorros o vender sus bienes para subvenir sus necesidades básicas, poder abandonar su casa, pagar rentar, entre otros gastos.

Esto también afecta a las autoridades, pues a falta de una política global, los diferentes organismos encargados de tratar el tema no tienen una buena comunicación entre ellos y es difícil que encuentren soluciones a largo plazo para las víctimas; esta burocracia implica un costo económico y conlleva una gran pérdida de tiempo, criticó RsF.
Fin Cerigua
Hc/Ld-Ld

Última modificación: 5 de diciembre de 2017 a las 17:35
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